Desde Palacio Nacional y Michoacán se empuja el debate sobre una reforma para juzgar a adolescentes como adultos, pero para que ello suceda México primero deberá de sustraerse de tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada en 1990. México asumió compromisos internacionales que colocan a niñas, niños y adolescentes como eje de las políticas de seguridad y del sistema de justicia: la base es la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece el principio del interés superior de la niñez como criterio obligatorio en toda decisión del Estado y la impartición de justicia. En materia de seguridad, este principio exige que las autoridades prevengan la violencia, protejan la integridad de menores de edad y atiendan las causas que los colocan en contextos de riesgo.
El texto original de este artículo de la Agencia Quadratín.
