En el marco del Día Internacional del Periodista, que se celebra este lunes, la sombra de la violencia sigue pesando sobre la profesión en México. Desde el año 2000, según datos de la organización Artículo 19, han sido asesinados entre 168 y 174 periodistas en posible vínculo con su labor informativa, de los cuales 37 ocurrieron durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, periodo denominado la Cuarta Transformación. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras (RSF), México se mantiene entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. La organización documentó que en 2024 al menos siete periodistas fueron asesinados en el país, ubicándolo en el tercer lugar global en violencia contra la prensa, sólo detrás de zonas de guerra como Gaza y Ucrania. Para julio de 2025, RSF reportó nueve informadores asesinados, casi dos por mes, de los cuales ocho probablemente debido a su labor periodística. La violencia contra la prensa se agrava con otro fenómeno igualmente devastador: la desaparición de periodistas. La propia RSF advierte que en la última década, cinco reporteros mexicanos fueron desaparecidos, lo que representa más de 30 por ciento de los casos a nivel mundial. Cada nombre ausente se traduce en comunidades enteras privadas del derecho a estar informadas. El panorama es todavía más alarmante si se consideran las agresiones no letales. Durante 2023, Artículo 19 documentó 696 ataques contra periodistas y medios: amenazas, intimidaciones, bloqueos informativos, hostigamiento judicial y digital, lo que representa un incremento de más del 50 por ciento respecto al año anterior. En promedio, cada 14 horas un periodista en México es agredido. En lo que va de 2025, las cifras mantienen la misma tendencia. A estos crímenes y ataques se suma el desmantelamiento de medios convencionales. La crisis financiera y tecnológica ha reducido drásticamente la presencia de periódicos, radios y televisoras locales. Muchos han cerrado, otros sobreviven en condiciones precarias, lo que ha derivado en zonas de silencio donde ya nadie informa. En estados como Guerrero, Tamaulipas, Michoacán y Veracruz, varios municipios carecen por completo de prensa libre; los periodistas locales han tenido que exiliarse, callar o refugiarse en redes sociales sin estructura editorial. En paralelo, los poderes fácticos —del crimen organizado a autoridades locales— ejercen un acoso permanente sobre los periodistas. Casos como el del fotoperiodista Rubén Espinosa, asesinado en 2015 tras denunciar hostigamiento en Veracruz, o el de Moisés Sánchez Cerezo, secuestrado y asesinado por exponer corrupción municipal ese mismo año, ilustran la combinación letal de violencia, impunidad y complicidad institucional. Pero los ejemplos más recientes también sacuden: en 2022, la periodista Yesenia Mollinedo y la camarógrafa Sheila Johana García fueron asesinadas en Veracruz; en 2023, Luis Martín Sánchez Íñiguez, corresponsal de La Jornada en Tepic, fue secuestrado y hallado muerto en Nayarit; y en 2024, la comunicadora Nelson Matus, director de Lo Real de Guerrero, fue ejecutado en Acapulco. La situación es aún más grave por la desprotección legal. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, creado en 2012, sigue siendo cuestionado por su ineficacia, falta de presupuesto y carencias en personal capacitado. Según cifras de Artículo 19, el 98 por ciento de los crímenes contra periodistas en México permanece en la impunidad, lo que fortalece la sensación de vulnerabilidad y abandono entre los comunicadores. Los comités y fondos de apoyo a periodistas, anunciados a nivel federal y estatal en los últimos 15 años, han fracasado en su objetivo de proteger. Algunos, como los fideicomisos locales creados en estados como Veracruz, Oaxaca y Guerrero, han sido denunciados por manejo discrecional, burocracia excesiva y ausencia de resultados tangibles. Incluso a nivel federal, el mecanismo ha recibido auditorías que confirman subejercicio de recursos, lo que significa que ni siquiera los limitados fondos destinados a salvaguardar a periodistas llegan a su objetivo. A pesar de los compromisos públicos de la 4T, no se han registrado avances significativos en la protección de periodistas. Al contrario, el propio discurso presidencial, con frecuentes descalificaciones hacia la prensa crítica, ha abonado a un clima de estigmatización y riesgo. Así lo advierten tanto RSF como France 24, que señalan la incongruencia entre la narrativa oficial y la realidad de un país que sigue encabezando los índices de asesinatos e impunidad contra comunicadores. El caso del periodista Carlos Loret de Mola, blanco de ataques públicos y revelaciones sobre su patrimonio desde Palacio Nacional, muestra cómo la hostilidad desde el poder también vulnera a los comunicadores.
El texto original de este artículo de la Agencia Quadratín.
